TIPOS DE VIGILANCIA

En el capítulo chileno analizamos fuentes públicas desde principio de siglo y encontramos cuatro tipos de vigilancia electrónica sobre las comunidades mapuche por parte del Estado y algunos privados. Desde interceptaciones telefónicas, hackeo y monitoreo en Internet, hasta la televigilancia en diversas formas, evidenciamos casi 20 años de asedio con pobres resultados penales, pero con amplios efectos en la estigmatización de las comunidades afectadas.

Por Paz Peña, investigadora.

Es indudable que para entender el uso de tecnologías de vigilancia sobre las comunidades mapuche en el sur de Chile, se debe comprender el contexto sistemático de persecusión del Estado a las reivindicaciones indígenas a través de la calificación penal y simbólica de ellas como terroristas, lo que ha desencadenado la militarización de la zona y la consecuente presencia de tecnologías de vigilancia que data de mucho antes del supuesto hackeo por parte de Carabineros de aplicaciones de chat de comuneros mapuche. Por eso decidimos retrotraernos y comenzar nuestra investigación desde principios de este siglo, para incluir una de las técnicas de vigilancia más polémicas que usa el Estado chileno: la interceptación de comunicaciones. Su presencia constante en los últimos 20 años entre los comuneros, activistas y defensores mapuche, es un telón de fondo fundamental para comprender otros nuevos tipos de tecnología que se incorporan en los últimos años.

Como se verá en nuestro reporte, notamos cómo en los últimos años se ha tejido un entramado uso ilegal de técnicas de vigilancia en Internet. Hablamos de técnicas de phishing contra civiles que nos ponen al nivel de cuestionados gobiernos como el de Egipto, o de uso de redes sociales para infiltrarse en grupos de defensa mapuche que nos recuerdan a técnicas militares del gobierno de Temer en Brasil. El historial es largo, complejo y con diversos tipos de gravedad.

Asimismo, no hay que olvidar que este es, por sobre todo, un conflicto territorial rural. Y esto es interesante porque la geografía ha determinado un tipo de tecnologías de vigilancia que han sido parte fundamental de las políticas de seguridad de los continuos gobiernos centrales en Chile: la televigilancia. Así, por un lado, están las cámaras en la Ruta 5 sur que, en la zona del conflicto y con millonarias inversiones, han sido protagonistas de una serie de tragicómicos incidentes que han dejado entrever su ineficiencia como medio de prueba. Y, por otro, están los drones, esos aviones no tripulados que, con cámaras de última generación, han sorteado la intrincada geografía de la zona para, con un ruido lejano por sobre las cabezas de los miembros de las comunidades incluidos niños y niñas, representar a un Estado que, en todo lo demás, ha estado ausente. Aunque, aún más inquietante, hay evidencia que esos asediantes ojos no son siempre del Estado.

Interceptación de comunicaciones

Es imposible dar cuenta de la vigilancia electrónica a la población mapuche sin considerar la larga tradición que escuchas telefónicas ilegales que sus líderes y defensores relacionados han denunciado por años, lo que deja en evidencia que el sistemático uso de tecnologías de espionaje hacia la comunidad mapuche es de larga data. Las polémicas que han rodeado estas intercepciones telefónicas están insertas en un marco legal que, claramente, según diversos especialistas, necesita modernizaciones.

Ya en el 2008, el medio chileno CIPER denunciaba que se desconocía la magnitud de interceptaciones legales que se hacían en Chile. Diez años después, el 2018 y a través de información obtenida mediante la Ley de Transparencia, la Fiscalía Nacional informó que entre 2014 y 2016 se realizaron 59.380 intervenciones telefónicas, siendo la Policía de Investigaciones (PDI) la que más “pinchazos” ejecutó, con un 86 %, en tanto Carabineros sigue muy atrás con solo el 12% de estas diligencias.

Según un informe del 2016 de ONG Derechos Digitales, si bien la interceptación telefónica y de otro tipo de telecomunicaciones cuenta con una regulación bastante estricta y garantista, “en la práctica, su aplicación (y la de otras medidas de similar envergadura) no siempre resultan tan protectoras de los derechos humanos de los investigados”. Por su parte, Felipe Harboe (ex subsecretario de Carabineros y del Ministerio del Interior) en el 2017 denunciaba que parece existir un déficit de control en la ejecución de interceptaciones telefónicas que permita prevenir su abuso:

“No hay control judicial que asegure se cumpla la ley, esto es que, una vez terminado el tiempo de la interceptación, se notifique a quienes cuyas comunicaciones fueron interceptadas, salvo excepciones, y se les entregue una copia de esas grabaciones. Tampoco parece que los jueces vigilen que los registros se están custodiando y eliminando, como indica la ley”.

Los escándalos que rodean las escuchas telefónicas son muchos en Chile. A continuación, solo seleccionamos los que de manera más pública han afectado a las comunidades mapuche del sur de Chile desde el inicio del siglo XXI. Como se verá, su presencia en el tiempo es sostenida, su legalidad ha sido siempre discutida y su masividad es realmente preocupante.

Lee completo el reporte “Interceptaciones de comunicaciones sobre comunidades mapuche”.

Hackeo, implantación de evidencia y monitoreo de redes sociales y metadatos

El año clave para comprender el uso de acciones de hacking sobre las comunidades mapuche en el sur de Chile es el año 2017. Al menos eso sabemos hoy, de acuerdo con las fuentes que se han publicado luego de que, a comienzos del 2018, se destapara el escandaloso y vergonzoso episodio de la implantación de chats falsos en celulares de comuneros mapuche para inculparlos de atentados incendiarios por parte de Carabineros de Chile. La caída de la llamada Operación Huracán.

Gracias a la conversación de WhatsApp del 15 de marzo del 2017 que sostuvieron el coronel Marcelo Teuber, jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros de La Araucanía, y su segundo al mando, el mayor Patricio Marín Lazo, se da luz a lo que tramaba Carabineros en la zona. En palabras de CIPER:

“Introducir métodos hacker para penetrar las comunicaciones internas de grupos mapuche. Para ello se contrataría a un “asesor informático” y se crearía una unidad “de análisis forense informático”.

Pero la verdad es que este tipo de métodos ilegales y de nefastos resultados tanto para la inteligencia del Estado, pero, por sobre todo, para los derechos humanos de los falsamente acusados, no solo fueron utilizados en la Operación Huracán. Todas estas acciones hacen pensar no solamente en las características de ensañamiento sobre un tipo de etnia, sino también sobre la necesidad urgente de reformar -en el marco de derechos humanos- la regulación de las actividades de inteligencia de nuestras policías.

Lee completo el reporte sobre “Hackeo, implantación de evidencia y monitoreo de redes sociales y metadatos a comunidades mapuche”.

Televigilancia: cámaras de seguridad

El 1 de agosto del 2011, una cámara de seguridad y vigilancia de largo alcance fue comprada por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, e instalada en el fundo La Romana, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. La cámara era monitoreada y operada por Fuerzas Especiales de la prefectura de Malleco, a través de una minicentral ubicada en una garita en lo alto del fundo. ¿La razón de su adquisición? Según La Tercera, para “lograr la identificación de los activistas que causan incidentes en la denominada zona del conflicto mapuche”.

En ese entonces, el fundo La Romana -del que era dueño René Urban- era un eje central de las reivindicaciones territoriales mapuche de la comunidad Temucuicui y fue espacio de varios incidentes, incluido tomas y heridos, que ocurrieron en reiteradas ocasiones. Recién en el 2014, ese predio junto con otros fundos de Urban, fueron adquiridos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para ser finalmente destinados a las comunidades mapuche de aquella región.

La instalación de esa cámara en La Romana es, de muchas formas, representativa de la gran promesa detrás de las cámaras de televigilancia que tanto autoridades como policías usan para justificar su compra y uso en La Araucanía: las cámaras de vigilancia servirán como medios de prueba irrefutable. Como se reportaba en esta ocasión en particular, la cámara -que estaba instalada en una garita de Carabineros en un cerro de La Romana- tenía visor nocturno, grababa las 24 horas al día y rotaba en 360 grados, lo que permitía observar con detención todo lo que ocurría dentro del predio agrícola. Las imágenes eran almacenadas en un disco duro que era entregado al Ministerio Público cada tres días, para que analizara los incidentes que pudieran ocurrir en la zona. René Urban, en ese entonces, declaró que las imágenes debieran usarse en los juicios lo antes posible.

Pero al pasar de los años y a la luz de la evidencia, esta gran promesa ha terminado siendo desestimada. Como dijo casi proféticamente el columnista Luis García Huidobro a propósito de la instalación de esta cámara de seguridad en el ex fundo La Romana:

“Las cámaras, al igual que las escuchas telefónicas, bien lo saben los mapuche, pueden usarse para esclarecer la realidad o para oscurecerla; para contar una historia o para inventarla”.

Lee completo el reporte de “Televigilancia: cámaras de seguridad en las comunidades mapuche”.

Televigilancia: drones

La compra de drones de vigilancia es algo que el Estado chileno ha hecho en múltiples oportunidades. Sabemos, por reportes de prensa, que, por ejemplo, en octubre del 2011, el entonces ministro de defensa chileno, Andrés Allamand, compró drones Hermes a la compañía Elbit Systems arguyendo que se necesitaban para la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Perú y Bolivia. Esto lo hizo tras reunirse con los ejecutivos de la empresa durante un viaje diplomático a Noruega e Israel. Consultado por el uso que se dará a esos aviones, el parlamentario oficialista Hernán Larraín confirmó que los aviones adquiridos suponen: “una manera no solamente de defender nuestras fronteras sino de combatir el narcotráfico”.

Pero es el 24 de julio del 2012, la fecha clave que permite comprender la enorme y sistemática inversión que el Estado chileno ha hecho de tecnologías de vigilancia como cámaras de seguridad y drones en La Araucanía. Fue allí, en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera, donde se organizó una “cumbre de seguridad” para abordar la serie de eventos violentos y crecientes demandas territoriales en zonas de la Araucanía, y donde se da inicio lo que podríamos definir como una primera militarización de la zona con tecnologías de vigilancia.

Entre las medidas adoptadas estaba la implementación de un Plan Especial de Seguridad para La Araucanía, el que contemplaba una serie de medidas, como llevar más contingentes policiales a la región, fortalecer los grupos de inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y una mayor coordinación con forestales y concesionarias de carreteras de la zona, entre otras. En esa oportunidad, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, afirmó:

“Carabineros ha dispuesto el traslado y uso de tecnología de última generación, de vehículos debidamente habilitados y de equipamiento adecuado para enfrentar la violencia con plena coordinación y más eficaces tácticas operativas. Se incrementará la capacidad de observación y detección a distancia, se intensificará el control vehicular en la zona y se pondrá particular énfasis en la recopilación de pruebas que acompañen las investigaciones de los fiscales”.

Así, sabemos por declaraciones de noviembre del 2012 de Felipe Baeza, ex jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, en el contexto de la comisión investigadora de la Cámara Baja por el escándalo de los sobreprecios en las compras del Plan Frontera Norte, que:

“A propósito del famoso Plan Araucanía y dentro de otras funciones -quiero dejar constancia de que, aparte del Plan Frontera Norte, yo veía todo lo relacionado con las tecnologías para el orden público tanto para Carabineros como para la PDI- me correspondió ver todas las tecnologías necesarias para La Araucanía. Dentro de éstas, se me solicita, en carácter urgente y perentorio, realizar una evaluación de aviones ultralivianos, UAV. Durante la primera semana, me tenía que juntar con todos los proveedores y tener una propuesta de compra cotizada y valorizada. A eso me referí cuando el subsecretario Ubilla me pedía que me contactara con proveedores. Efectivamente, no había otra forma para hacerlo”.

Lee completo el reporte de “Televigilancia: drones en las comunidades mapuche”.

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