¿POR QUÉ LA VIGILANCIA?

Todo uso de tecnología para la vigilancia tiene una memoria. Un origen. Una disputa. En el capítulo chileno de Indigenous Surveillance, indagamos sobre las razones de su utilización sobre las comunidades mapuche por parte del Estado y el sector privado, en una historia que se tuerce entre la reivindicación y la criminalización, entre acuerdos por el entendimiento a la vigilancia del “otro”.

Por Ana Rodríguez, coautora de “La frontera. Crónica de la Araucanía rebelde” (Catalonia, 2015).

Apoyado por los discursos políticos, mediáticos y jurídicos, en Chile la idea del mapuche “subversivo” es un imaginario predominante. En torno a él se endosan características y se elabora un repertorio de posibilidades que están determinadas por los objetivos del poder y el control, tanto del Estado como de las instituciones del Estado encargadas de velar por el orden establecido. Se trata de un imaginario que es desplegado y performado por el Estado y sus organismos de manera permanente, con especial énfasis cada vez que un episodio de violencia tiene lugar al sur del Biobío. En la historia reciente existen variadas escenas que dan cuenta de que la militarización del Biobío y la Araucanía es un hecho. Una de ellas es el escenario que describe el investigador Pedro Mariman, cuando relata los momentos inmediatamente posteriores al asesinato de su sobrino, Matías Catrileo, en Ercilla:

“Para Pedro Mariman ‘parecía un lugar de guerra el sector. Había carabineros vestidos como milicos, había un helicóptero, mucha gente circulando, aparte de todo el despliegue, a mí me pareció, pero increíble, cómo el Estado podía metamorfosearse en cosa de minutos y plantearte un escenario de guerra. Eso me sorprendió tanto’” (Pairican, 2017, 232).

¿Cómo llegamos hasta este escenario? La respuesta se remonta a finales del año 1997, y se puede graficar con un titular del diario El Austral de Temuco: “¡Son terroristas! Estrategia subversiva en Lumaco”. La portada refería a la quema de tres camiones de la forestal Mininco en Lumaco, un hito que determinó el comienzo de una nueva etapa para el movimiento mapuche, en que su desarrollo ideológico se fortaleció en torno a la idea autodeterminista e identificó el anticapitalismo como un eje articulador de la lucha reivindicatoria (Pairican, 2013).

Es en 1997, con el episodio de la quema de los tres camiones, cuando la violencia política emerge como herramienta en esta disputa contra el Estado chileno y es también en esa fecha que el Estado arremete con operaciones de inteligencia y represión. Ejemplo de ello es la Operación Paciencia, encabezada en el 2000 desde la Dipolcar (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) por el general de Carabineros Alejandro Bernales.

Respondiendo a la presión empresarial de la época, cuando Eliodoro Matte, dueño de la Forestal Mininco, interpelaba al entonces presidente Ricardo Lagos a aplicar el Estado de derecho e incrementar las labores de inteligencia de las policías (Pairican 268), se instaló el foco del resguardo de la seguridad pública como eje principal de las acciones del Estado y sus policías. Se instalaron también prácticas de persecución como intervenciones telefónicas, saboteo de las organizaciones mapuche, allanamientos, persecución y encarcelamiento de sus principales líderes, además de la implementación de la Ley Antiterrorista y la utilización de testigos sin rostro en las causas judiciales. El “conflicto mapuche” se tomó las páginas policiales de los diarios, ocupados del problema de la violencia rural en el Biobío y la Araucanía. Un conflicto donde el único protagonista es el pueblo mapuche, erigido como figura en permanente oposición a las formas civilizadas y el progreso.

Entre 2001 y 2003 un total de 209 mapuche fueron parte de procesos penales. Las querellas por “terrorismo” fueron doce y se acumularon en cuatro procesos emblemáticos en los que se aplicó la Ley Antiterrorista: el Caso Ancalaf, el Caso Lonkos, el Caso Poluco Pidenco y el Caso CAM. Los tres primeros terminaron con los mapuche involucrados presos. El cuarto caso, correspondiente a la Operación Paciencia, terminó con los veinte miembros de la Coordinadora Arauco Malleco inculpados, absueltos y en libertad.

Los tres primeros casos, repletos de irregularidades en los procesos, terminaron denunciándose en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pascual Pichún, uno de los lonkos encarcelados por “amenaza terrorista”, en un proceso que incluyó la utilización de testigos anónimos, amparados en las posibilidades que entrega Ley Antiterrorista, escribió el 2003 una carta al presidente Lagos:

Señor Presidente. Quince meses en la prisión, tres huelgas de hambre, el encarcelamiento de dos de mis hijos menores acusados también de «terroristas», el alejamiento obligado de mi familia, de mi trabajo en el campo y de mis peñi y lamngen en la comunidad, son los costos que tuve que pagar por ser un lonko mapuche y haber decidido luchar con dignidad por los derechos de mi pueblo. A nosotros nunca se nos encarceló por el incendio de la casa del señor Agustín Figueroa, como dijeron los fiscales. A nosotros se nos persiguió y se nos sigue persiguiendo en Chile por ser lonkos mapuche, por ser dirigentes de un movimiento, por ser luchadores sociales y por ser el recuerdo vivo de una campaña de exterminio inconclusa en la historia de este país sin memoria.

A la fecha, la persecución policial al pueblo mapuche ha cobrado numerosas víctimas fatales. En 2002, Álex Lemún cayó muerto por un disparo por la espalda ejecutado por el mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer. En enero del 2008, Matías Catrileo fue baleado por la espalda por el cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez. En agosto del 2009, Jaime Mendoza Collío fue abatido por la espalda por el cabo Miguel Patricio Jara Muñoz. En noviembre de 2008, Camilo Catrillanca cayó muerto cuando manejaba un tractor, por un balazo en la cabeza ejecutado por el sargento de Carabineros Carlos Alarcón, miembro del Comando Conjunto, durante un allanamiento a la comunidad Temucuicui, en Ercilla. Reportes del medio de comunicación CIPER indican que, según un informe de inteligencia de 2017, Camilo Catrillanca ya estaba en la mira de Carabineros.

En diciembre de 1989, ad portas de las elecciones presidenciales que marcarían el retorno de la democracia a Chile, el entonces candidato, Patricio Aylwin, firmaba el Acuerdo de Nueva Imperial, un pacto entre representantes de los pueblos aymara, rapa nui, huilliche, mapuche y quien sería el primer presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia. En el acuerdo, los representantes de los pueblos indígenas se comprometían a “apoyar y defender” al nuevo gobierno, además de canalizar sus demandas en las instancias indicadas. Aylwin, por su parte, suscribía una serie de compromisos en pos del entendimiento y la búsqueda conjunta de soluciones a las problemáticas que aquejaban a los pueblos indígenas del país. El primer punto del Acuerdo de Nueva Imperial, suscrito en diciembre de 1989, dice que quien sería el primer presidente post dictadura se compromete a: “El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales”.

A treinta años del Acuerdo de Nueva Imperial, el primer punto comprometido sigue pendiente.

Y aunque a estas alturas, treinta años después de ese compromiso, un reconocimiento constitucional no representa necesariamente garantía de una cesión de derechos políticos al pueblo mapuche, la idea de que Chile es una nación indivisible, en oposición a la demanda por la autodeterminación del pueblo mapuche, persiste en un contexto en que el disputado avance de la industria forestal en los territorios del sur del país ha tornado la relación entre el Estado, el pueblo mapuche y el sector privado en un nudo imposible. Un escenario en el que la balanza ha estado innegablemente equilibrada hacia el resguardo de la propiedad privada y la productividad económica de los terrenos en disputa.

Inteligencia y vigilancia

En el camino de la persecución estatal al movimiento mapuche, el sector privado -constituido por los empresarios, terratenientes y gremios de la zona- se ha acoplado y ha realizado inversiones particulares en tecnologías de vigilancia, como los drones. Además, insisten periódicamente, a través de los medios de comunicación, presionando a los gobiernos para invertir en seguridad en la “zona roja del conflicto mapuche”. Frente a esto, la promesa constante desde los gobiernos y el sector político ha sido destinar mayores fondos para personal y adquisición de tecnologías de seguridad y vigilancia. Ejemplo de ello es que en los últimos tres gobiernos la compra de drones ha sido una prioridad.

Es así como las nuevas tecnologías de vigilancia aparecen presentadas ante la opinión pública como una herramienta que promete volver más sofisticados los sistemas de inteligencia policial, permitiendo así mayor eficiencia en la captura de aquellos mapuches vinculados a acciones subversivas y reivindicatorias.

Un escándalo reciente es ejemplo de cómo, en nombre de la inteligencia policial y las nuevas tecnologías, se amparan estrategias de montaje policial y judicial que han pretendido continuar la senda de encarcelamiento de líderes del pueblo mapuche: hablamos de la Operación Huracán. En septiembre de 2017, esta operación de inteligencia hecha en el mandato de la presidenta Michelle Bachelet y liderada por el entonces General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, permitió la captura y encarcelamiento de ocho personas en distintas localidades del sur de Chile: Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, su hijo Ernesto Llaitul, los hermanos Jaime y Rodrigo Huenchullán, de la comunidad Temucuicui, el ex mirista David Cid, Martín Curiche, Claudio Leiva y el machi Fidel Tranamil. Amparados en pruebas obtenidas bajo la Ley de Inteligencia, Carabineros de Chile formuló la acusación de asociación ilícita terrorista, vinculándolos a las organizaciones Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y Weixan Auca Mapu (WAM), para cometer ataques incendiarios. Esas pruebas consistían en mensajes de texto que se habrían intercambiado los ocho implicados a través de las aplicaciones de mensajería Whatsapp y Telegram y que habrían sido recolectados por la Unidad de Inteligencia Operativa de Carabineros, UIOE, gracias al software “Antorcha”.

La acusación se cayó al poco tiempo. En enero de ese mismo año, el Ministerio Público denunció que esos mensajes de texto habían sido implantados por Carabineros en los equipos celulares de los ocho sujetos con posterioridad a su detención, lo que gatilló un escándalo público y abrió procesos judiciales que investigan hasta la actualidad los hechos. El análisis de los textos implantados en los celulares de los líderes mapuche, escritos por Carabineros, da cuenta de cómo el ideario de mapuche subversivo / terrorista forma parte de la cultura de la institución a cargo de vigilar el orden en los territorios del sur: en estos textos, Carabineros habla suplantando el hablar de líderes mapuche, utilizando códigos y referencias -como la conexión mapuche con las FARC, una acusación extendida y nunca comprobada, o la importación de armamento desde Argentina- que harían más creíbles diálogos que hoy, sabemos, son completamente falsos.

Desde el retorno de la democracia se ha intentado, contra toda evidencia, acusar al pueblo mapuche de causar terrorismo en las zonas rurales del sur del país. Así como en los años de la Ocupación de la Araucanía los discursos que oponían la civilización con la barbarie permitieron un despliegue militar que concluyó con la anexión de los territorios al sur del Biobío y la confinación de los sobrevivientes mapuche a reducciones, la permanente construcción contemporánea del mapuche como terrorista ha permitido la militarización del territorio y el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia.

La poderosa ecuación que resulta de una institución policial altamente desprestigiada, que busca perpetuarse como el organismo a cargo de resolver un conflicto que es político, combinado con la permanente exigencia de más inversión policial y tecnológica por parte de los terratenientes y empresarios asentados en los territorios del sur, ha devenido en una permanente racialización de una demanda que combina territorio y derechos políticos. Sin embargo, en este escenario pareciera que ninguno de los actores implicados estuviera a la altura de las expectativas: por un lado, el movimiento mapuche no es terrorista -sólo dos causas por Ley Antiterrorista han tenido sentencias condenatorias, ambas contra Raúl Castro Antipan, agente infiltrado de Carabineros- y por el otro, tal como veremos en el detalle de los reportes de Indigenous Surveillance, la inteligencia policial aún no logra servirse con éxito de las cuestionadas tecnologías de vigilancia en las que el Estado ha invertido cuantiosos recursos en los últimos años.

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Bibliografía citada:

Parician, Fernando. Malon, la rebelión del movimiento mapuche. Santiago. Pehuén Editores, 2014.
________________. La biografía de Matías Catrileo. Santiago. Pehuén Editores, 2017.