EFECTOS DE LA VIGILANCIA

En el capítulo chileno evidenciamos cómo la persistencia del Estado de criminalizar las reivindicaciones indígenas ha naturalizado la militarización de los territorios y la presencia legal e ilegal de tecnologías de vigilancia en las comunidades mapuche. ¿Cómo se desarrollan los sujetos y sus comunidades ante el asedio y la estigmatización?

 
Por Paz Peña  y Rodrigo Vargas, investigadores.

“Estaba la puerta abierta en la casa y el dron llegó como a la altura del techo arriba no más pero al frente, como mirando para adentro en la puerta acaso había gente o no si la puerta estaba abierta … la M.C.C. (4 años) andaba afuera y dijo, mamá, mamá anda un avioncito arriba que hace así le dijo, le hizo con los brazos que se movia para todos lados, y ella sale a mirar y lo mira pa arriba y estaba parao el dron arriba grabando pa adentro y va ella y le cierra la puerta y lo mira por la ventana y se mantuvo ahí un rato cuando ella lo miró, después se entró no lo sintieron más y sale a mirar y se va pa’ abajo por una plana que hay pa abajo yo creo que estaban por ahi los carabineros ( … ). De ahi yo fui a mirar a ver si se veían carabineros alrededor y no vi nada, volví a la casa a avisar que iba a trabajar …. Más arriba como a 200 metros … cuando iba para arriba a trabajar cuando se ve carabineros que viene llegando con las máquinas, con los vehículos blindados y trotando aliado, llegan y rodearon la casa ( … )”.

Este es el testimonio de Belarmino Alexis Curipán Levipán, parte de la comunidad mapuche Rankilko, que había iniciado una toma del fundo El Retiro 3, aduciendo acorde al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), derechos amparados por el derecho internacional de los derechos humanos. En julio y noviembre del 2015 la toma fue desalojada violentamente por parte de Carabineros y los dueños del predio, la Forestal Mininco. El INDH presentó un recurso de amparo que fue finalmente acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco (y posteriormente ratificado por la Corte Suprema). En la sentencia se constata que:

“Los niños muestran múltiples síntomas de estrés postraumático, mostrándose extremadamente temerosos por ejemplo, cada vez que pasa un helicóptero, mostrando dificultades para conciliar el sueño y mostrando señales de angustia cada vez que aparecen los aviones drones enviados de día y de noche para espiar a la comunidad, además cada vez que escuchan vehículos pasar por el camino se asoman angustiados por la ventana a mirar quién viene”.

Luego del polémico allanamiento a la comunidad mapuche de Rankilko en julio del 2015, la cantante nacional, Ana Tijoux, visitó la comunidad el 14 de agosto. Apenas se fue, el werkén Rodrigo Curipán denunció que una gran cantidad de efectivos de Fuerzas Especiales y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), ingresaron al lugar “disparando hacia la comunidad sin importar si habían niños ni mujeres”. El 28 de agosto del 2015, declaraba:

“Hay prácticamente un estado de sitio aquí. Estamos viviendo permanentemente estas prácticas de agresión, con carabineros instalados en los caminos e ingresando a las comunidades con sus vehículos blindados, sobrevolando con helicópteros y drones, disparando contra las viviendas. Y nadie toma en consideración lo que aquí ocurre, las autoridades no hacen nada. Lo peor es la situación en que están viviendo los niños, pasan atemorizados, lloran cuando sienten que pasa un helicóptero porque han visto que detrás van a llegar los carabineros agrediendo a los padres, disparando contra las casas. Los niños son los más afectados porque son los más vulnerables”.

Mapuche terrorista

No se puede hablar de efectos de la vigilancia electrónica sin comprender una de las causas más importantes de su aplicación: la permanente acusación del Estado chileno sobre potenciales actividades terroristas por parte de los líderes de las reivindicaciones indígenas. Desde ahí se explica la creciente militarización de la zona que, como hemos visto, trae aparejado el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia.

De hecho, y gracias a revelaciones de WikiLeaks, sabemos que el Estado chileno pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos para investigar la supuesta radicalización de ciertos líderes mapuche. Varios despachos enviados a Washington entre 2008 y 2009, “sostienen que todas las investigaciones norteamericanas concluyeron en que los mapuches no son una comunidad violenta y que “el problema ha sido magnificado por los medios” y quienes han acusado a los grupos indígenas de tener lazos con organizaciones terroristas internacionales “no han proporcionado pruebas de ello (…)”.

Las recomendaciones oficiales para que el Estado chileno cese en su aplicación de la Ley Antiterrorista a las comunidades mapuches datan de una larga historia, pero, lamentablemente, no han sido adoptadas a cabalidad por Chile. En abril del 2007, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó el Quinto Informe Periódico de Chile y expresó su preocupación:

“[a]nte la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. Preocupa también al Comité que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. El Comité observa también que las garantías procesales, conforme al 14 del Pacto, se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley. (art. 2, 14 y 27 del Pacto)”.

Preocupaciones y recomendaciones sobre la Ley Antiterrorista y las comunidades mapuche se repiten por parte del Comité Para la Eliminación de la Discriminación Social de las Naciones Unidas (ONU) en el 2009 y en el 2013. A su vez, Ben Emmerson, el entonces Relator Especial de ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, en su informe sobre la visita realizada a Chile en 2013, precisó que: “El Relator Especial considera que el uso de la legislación antiterrorista en contra de los reclamantes de tierras mapuche es parte del problema, y no parte de la solución. Se ha convertido en contraproducente para una solución pacífica de la cuestión mapuche y debe cesar”.

Es más, en julio del 2014, el Comité de Derechos Humanos recomendó directamente al Estado chileno “a abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en contra de los Mapuches”. Más recientemente, en el año 2017, tres relatores especiales de la ONU instaron a Chile “que se abstenga de usar la Ley Antiterrorista para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de los mapuches, que buscan reclamar por sus derechos”.

Por su parte, el Estado chileno ha negado sistemáticamente el uso de la Ley Antiterrorista contra las reivindicaciones mapuche. Por ejemplo, el año 2009, el embajador chileno ante la ONU, Carlos Portales, afirmó que “los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena. Entre el año 1999 y 2009, esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos, y en sólo dos ocasiones a personas de origen indígena”. Y de forma aún más específica, en el marco del Tercer Examen Periódico Universal de julio del 2019, el Estado chileno en Ginebra desestimó recomendaciones como “abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en el contexto de protestas sociales de los pueblos mapuche que buscan reclamar sus derechos”, así como de “promover normas que cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad respecto del uso de las comunicaciones y tecnologías para evitar la criminalización de protestas sociales indígenas”.

Pero la visión de muchos especialistas locales difiere a la versión del Estado chileno. En su investigación del 2018 sobre la jurisprudencia en casos de delitos terroristas, la académica de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, encontró que “[s]i a los nueve condenados post reforma procesal penal le restamos las siete condenas que fueron anuladas por la CIDH en el caso Norín Catrimán vs. Chile, coincidimos en la existencia de solo dos sentencias condenatorias, pero asociadas a una misma persona: un informante de la policía en casos de terrorismo en la Araucanía”. Este último ejemplo se trata de Raúl Castro Antipán, el agente de Carabineros infiltrado en las comunidades mapuche, que reconoció haber participado de actos terroristas para luego inculpar a más de una treintena de comuneros.

Más adelante, Villegas señala:

“Cruzando el río Biobío y hacia el sur lo que se observa es la repetición de algunos imputados en varias causas, así como de personas pertenecientes a las mismas familias. Da la impresión de que existe una tendencia a perseguir por esta clase de delitos y otros asociados al conflicto territorial a quienes se erigen como cabezas de los movimientos o comunidades, judicializando a autoridades ancestrales”.

El mal salvaje

El sistema judicial pareciera estar impregnado de prejuicios discriminatorios. En un reciente estudio de Nicolás Grau y Jorge Rivera -y que es referido por la misma Defensoría Penal Pública- se constata que una persona mapuche tiene un 25 % más de posibilidades de quedar preso durante la investigación que una persona que no sea mapuche.

Es más, el Estado chileno ya ha sido oficialmente condenado por sus prejuicios discriminatorios al momento de aplicar la Ley Antiterrorista a integrantes de las comunidades mapuche. En una sentencia dictada en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este organismo determinó que la calificación terrorista del caso “Norín Catrimán y otros” violó la presunción de inocencia y estableció que las condenas contenían prejuicios discriminatorios violando el principio de igualdad y no discriminación. Myrna Villegas especifica: “Esto es lo que a su juicio se habría producido respecto de mapuche, una diferencia de trato discriminatoria, no porque hubiese una aplicación discriminatoria selectiva en contra de mapuche, sino por el estereotipo y prejuicio que impregnó la decisión judicial”.

¿Cuáles son los efectos de acusaciones terroristas probadamente discriminatorias sobre las mismas comunidades? La doctora Ruth Vargas-Forman, autora del libro “Pewmas/Sueños de Justicia: Lonkos y dirigentes mapuche vs Chile en la Corte Interamericana. Testimonios y evidencia psico-forense de los efectos de la Ley Antiterrorista”, ha profundizado:

“Es un trauma que afecta al líder o la líder que ha sido objeto de persecución y el impacto en su rol de lonko, werken o machi. Está relacionado con el estigma de terrorista en la persona, familia y comunidad. La persona sufre mucho daño por las violentas detenciones, prisiones preventivas, por las series de juicios que debe enfrentar, cuando esto ocurre toda la familia es afectada. La pareja, los niños, los padres, todos sufren esta tragedia familiar. A nivel de la comunidad también hay daño social por la violencia militarizada con que el Estado ingresa a las comunidades interrumpiendo en todos los niveles de relaciones de la familia y de las comunidades. Los innumerables allanamientos a los hogares, las golpizas y lesiones de las que han sido objeto niños, adultos, ancianos e incluso la muerte de jóvenes mapuche. El hogar, las escuelas, los sitios ceremoniales han sido violentados por funcionarios del Estado. En los tribunales, las familias intentan entender los cargos y las consecuencias de los procesos judiciales, sufren al observar a sus familiares en huelgas de hambre y las barreras de acceso a la justicia e incluso la manipulación de evidencia en su contra”.

Efectivamente, este tipo de violencia estatal sistematizada tiene efectos enormes tanto a nivel individual como colectivo, y donde las consecuencias sobre poblaciones especialmente más vulnerables, como niños y niñas y mujeres, están aún invisibilizadas, como reconoce el Informe Anual 2018 del INDH. Por ejemplo, la antropóloga Elsa González Caniulef ha documentado que existen múltiples denuncias sobre el uso desproporcionado de violencia contra mujeres, ancianos y niños y niñas mapuche por parte de funcionarios del Estado y guardias privados de empresas forestales en el contexto del llamado “conflicto territorial mapuche”, así como un importante número de causas donde mujeres se encuentran imputadas: “La consecuencia directa de lo aquí descrito ha sido la estigmatización de las demandas del pueblo mapuche -sin dejar de obviar la imagen que difunde la prensa a la opinión pública- mostrando a los mapuche como protagonistas exclusivos del conflicto”.

Y es que en todo este complejo entramado histórico, no hay que desestimar el papel de los medios de comunicación en la estigmatización de las personas mapuche como violentas y salvajes. En su reciente estudio sobre noticiarios de TV del Bío Bío, Fernando Fuente-Alba y Darío Cañete afirman que al mapuche “[s]e le muestra como alguien que está en contra de la presencia de industrias en la región del Bío Bío y que rechaza la forma de vivir “civilizada” del resto del país, por lo tanto no respeta las leyes chilenas, ni tampoco a sus instituciones”.

Pero el Estado chileno ha hecho oídos sordos ante la estimatización y continúa hasta hoy sus prácticas de criminalización, incluso en los sentidos más simbólicos. Por ejemplo, en abril del 2018, el presidente Sebastián Piñera presentó públicamente indicaciones a la Ley Antiterrorista. No lo hizo en Santiago, sino que en la región de La Araucanía, lo que, a juicio del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2018 de la Universidad Diego Portales, “demuestra que todas las reformas que se quieren hacer están enfocadas en la criminalización de la protesta mapuche y tienen un foco muy específico. Parece contradictorio que el gobierno anuncie que tomará el camino del diálogo y, al mismo tiempo, insista en avanzar por la senda de la criminalización y la discriminación”.

Jungla y vigilancia

Poco después del anuncio de Piñera sobre la Ley Antiterrorista, en junio del 2018 el gobierno anunció en Temuco a una nueva fuerza especial de Carabineros (Unidad de Fuerzas Especializadas en Organizaciones Criminales y Terroristas) para la zona, la que luego fue popularmente conocida como Comando Jungla. Ochenta efectivos policiales, capacitados en Colombia, combatirían la “extrema violencia” en la macrozona de La Araucanía, acompañados de un contundente despliegue tecnológico, que incluía sistemas aéreos no tripulados, cámaras termales de corto alcance, binoculares con telémetro y cámaras HD, entre otros. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, agregó que la Policía de Investigaciones (PDI) complementaría la labor de Carabineros con un trabajo “fuerte” en el área de la tecnología e investigación.

Vale la pena detenerse en el discurso que el jefe de Estado chileno, el presidente Sebastián Piñera, dio en esa ocasión. Hay que recordar que sus palabras vienen después de los reiterados llamados oficiales a no aplicar la Lay Antiterrorista a las reivindicaciones indígenas, luego de que la CIDH condenara al Estado chileno por el caso “Norín Catrimán y otros”, y con el entonces reciente escándalo de la implantación de pruebas falsas a comuneros mapuche en sus celulares por parte de Carabineros en el marco de la Operación Huracán. Esto fue parte de lo que dijo:

“Y, por tanto, tenemos que también aprender a combatir a los enemigos pasivos o cómplices del terrorismo, que son todos aquellos que siempre encuentran una excusa para no combatirlos con decisión y con fuerza; que siempre están justificando sus acciones y que al final son más colaboradores del terrorismo que defensores de la paz y de la libertad de esta región. Por eso, como Presidente de Chile, lo digo con meridiana claridad: vamos a combatir al terrorismo con toda la fuerza de la voluntad, con todo el rigor y siempre dentro de la ley, y con toda la ayuda de equipos humanos preparados y capacitados, como esta unidad especial que estamos inaugurando hoy día, con todo el equipamiento, con toda la tecnología…”.

En su discurso plagado de generalizaciones, el máximo representante del Estado chileno pareciera poner en la misma calidad de subversivo a cualquier persona o institución que presente objeciones a la aplicación de la Ley Antiterrorista a las comunidades mapuche, en un juego perverso de “están todos conmigo o están contra la paz”. Sus palabras son aún más significativas cuando hoy sabemos que, unos pocos meses después, el Comando Jungla que anunciaba con este discurso, asesinaría por la espalda y sin motivo al comunero Camilo Catrillanca, en un caso que remecería a la opinión pública del país y donde la tecnología jugaría -de una forma lamentable- un rol clave.

Pero nada de eso parece importar: en un giro al debido proceso, para el Estado chileno son las comunidades mapuche las que siguen siendo sospechosas, a menos que prueben lo contrario, es decir, que cumplan con el rol del “buen mapuche”. Por mientras, por sobre sus cabezas, en sus teléfonos y en su Internet, se despliegan tecnologías de vigilancia con efectos concretos a sus derechos humanos que serían inaceptables para otros grupos sociales de piel más clara.

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Revisa el informe legal hecho por el abogado de la Universidad de Chile, Rodrigo Vargas: “Efectos de la vigilancia electrónica sobre los derechos fundamentales de las comunidades mapuche”